Los senadores de Morena y sus aliados aprobaron en las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo que ahora el dictamen pasará mañana jueves al pleno de la cámara alta para su discusión y votación.
Por 19 votos a favor de Morena, los Partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES); 10 en contra de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), y una abstención de la senadora Patricia Mercado (MC), el dictamen quedó avalado en ambas comisiones.
Este jueves, se realizarán dos sesiones en el pleno del Senado: una para darle primera lectura al dictamen y otra (que comenzará enseguida) para darle segunda lectura y posteriormente pasar a la discusión y votación del dictamen.
Se prevé que la bancada de Morena y sus aliados lograrán su aprobación, puesto que únicamente necesitan una mayoría simple (50% más uno). Una vez que quede avalado en la cámara alta, el presidente de la República deberá publicar el decreto para crear el Fondo, además de que se tendrán que emitir las reglas de operación.
Durante la discusión, que duró casi dos horas, los legisladores de oposición manifestaron su rechazo al Fondo. En especial, dijeron oponerse a la propuesta de que sea financiado con poco 40,000 millones de pesos de ahorros no reclamados por los trabajadores en cuentas inactivas.
“En la mañana vimos aquí (en el Senado) cómo descabezaron a una gallina. Hoy vamos a ver cómo descabezan el patrimonio de los trabajadores”, dijo el senador del grupo plural, Germán Martínez. “La consecuencia de crear este Fondo dizque del Bienestar será que este gobierno decomisó más a los trabajadores que a los narcotraficantes”.
En tanto, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, criticó lo que a su parecer es un conjunto de reformas “muy endebles y mal redactadas”.
“Estamos atrapados en lo que yo diría, fue, un descubrimiento de última hora de esta administración”, refiriéndose a los poco más de 40,000 millones de pesos en ahorros no reclamados que se pretenden transferir al Fondo.
Criticó el hecho de que en con la reforma se establezca que los recursos no reclamados en las Afores se irán al Fondo de Pensiones del Bienestar cuando su titular cumpla 70 años “sin necesidad de resolución judicial”, con lo que se borra de un plumazo el derecho individual de las personas a recurrir a la defensa jurídica.
“Y ahora entiendo por qué urgía la reforma a la ley de amparo, ahora entiendo por qué, ahora comprendo por qué si un derechohabiente de una Afore individual gana un amparo, se trataba de que no se pudieran defender los poseedores de otros miles de millones de recursos”, aseveró la senadora Paredes.
Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, reprochó que en la reforma se habla hasta los artículos transitorios de que los recursos del Fondo complementarán las pensiones de los trabajadores, lo que sugiere que que el gobierno en realidad quiere apropiarse de los ahorros no reclamados para poder gastarlos.
“Lo que tendría que estar haciendo el gobierno, en lugar de buscar apropiarse de esos 40,000 millones de pesos es buscar a los mexicanos y entregarles ese dinero”, expresó Zepeda.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, adelantó que su bancada irá en contra de la iniciativa pues lo que se necesita para garantizar mayores pensiones a los trabajadores es una reforma integral al sistema que debe de ir de la mano de una reforma fiscal.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público que complementará las pensiones de los trabajadores para que sean iguales a su último salario, siempre y cuando éste no se rebase un tope de 16,777.78 pesos al mes.
En un inicio, se financiará principalmente con poco más de 40,000 millones de pesos de ahorros que no han sido reclamados por personas de 70 años o más y que se encuentran en cuentas inactivas.
Además, tendrá otras fuentes de financiamiento como los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las utilidades de entidades paraestatales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
**Con información de EL ECONOMISTA