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  • Redacción.

Presidenta de Honduras anuncia medidas "radicales" contra organizaciones criminales


La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció en cadena nacional un “mega plan” con al menos 14 medidas adoptadas junto al Consejo de Defensa y Seguridad, que ella preside, para enfrentar la ola delictiva que vive el país centroamericano.


En su intervención, la mandataria dijo que son “acciones radicales del plan de solución contra el crimen”.


Castro instruyó a todos los operadores de justicia para que “de inmediato planifiquen y ejecuten intervenciones en los municipios de mayor incidencia de delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos” que, aseguró, son cometidos por “maras, pandillas y bandas del crimen organizado”.


En este sentido, el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez anunció que se ordenó la captura inmediata de los actores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables.


En este plan, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad también aprobó la construcción inmediata un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en un área despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, en la zona nororiental de Honduras. Según anunciaron, tendrá capacidad para 20 mil personas y servirá para trasladar allí a los privados de libertad que están confinados en otros centros y procesados por los delitos antes señalados.


Además, se determinó iniciar en dos semanas el proceso para construir una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, una zona en el mar caribe hondureño.


Para llevar a cabo estas medidas, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, quien forma parte del Consejo de Defensa y Seguridad, anunció que el parlamento deberá reformar al Código Penal para calificar como “terrorista a las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos”.


Además, dijo que se aumentarán las penas para quienes cometan delitos contra la vida y la integridad física de los operadores de seguridad y de justicia.


“También se reformará el Código Procesal Penal para que la prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos establecidos en este plan de emergencia”, añadió Redondo.


Además, anunció que el Congreso someterá a aprobación leyes para regular la venta de tarjetas SIM de teléfonos celulares y reformará la ley del Banco Central “para regular el servicio de transferencias y pago electrónico, con el fin de controlar las acciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro que utilizan billeteras electrónicas”.


Dentro de estas medidas, también se acordó iniciar el proceso de uso de brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados que gocen de libertad condicional.


Hasta el momento, ninguna organización defensora de los Derechos Humanos o ambientales ha comentado sobre las medidas anunciadas por el gobierno de Xiomara Castro.


Ya en noviembre de 2022 la presidenta Xiomara Castro había declarado la emergencia nacional en seguridad para iniciar lo que denominó una “guerra contra la extorsión” en Honduras. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, asumió en junio de 2023 en medio de una crisis de seguridad tras una revuelta carcelaria que dejó 46 mujeres muertas.


**Con información de CNN EN ESPAÑOL

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