LAS PROTESTAS: ¿DERECHO O AMENAZA?

Por: Manuel CARMONA

Porqué desde hace años los gobiernos, sea cual sea su color e ideología no le ponen límites a la protesta social?

Porqué esa resistencia del Estado al uso de la fuerza pública para defender el derecho de la otra gran parte de la sociedad que resulta afectada por los frecuentes y prolongados cierres de importantes vialidades, no solo en la ciudad de Puebla sino también en la capital del país?

Particularmente la semana que termina arroja un saldo negativo en ambos lados. En Puebla estuvo cerrada más de 24 horas la carretera federal a Atlixco a la altura de Tlaxcalancingo por parte de un grupo que dice representar a los “Pueblos Originarios” de varios municipios en desacuerdo con el avance del Grupo Proyecta y contra algunas decisiones de gobierno de la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula , Guadalupe Cuautle.

Como al parecer en la protesta convergen diversos tipos de intereses que aún no han sido identificados del todo, ya que se cree incluso que hasta hay una ingerencia de la UPVA 28 de Octubre, no se ha podido avanzar gran cosa en procesar y atender sus demandas por lo que existe el anuncio que la semana entrante podrían cerrar la recta a Cholula, lo que generaría un enorme congestionamiento vial en la zona con las consabidas molestias para miles de poblanos.

En el caso de la ciudad de México ha sido la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación (CNTE) quien ya lleva semanas de plantones, bloqueos y marchas en distintos puntos. El más reciente fue la paralización por unas horas del aeropuerto internacional de la ciudad de México, causando afectaciones a la economía y a la necesidad de movilidad de miles de personas con vuelos programados.

Este conflicto con la Coordinadora tampoco parece estar cerca de llegar a una solución en virtud de las demandas exorbitantes de este grupo radical del magisterio, como lo es su solicitud de 100 por ciento de aumento al salario, demanda por supuesto legítima pero irrealizable, pues nunca se ha visto en la historia de las negociaciones de un sindicato plantear objetivos que no son viables financieramente, por lo que está más que claro que este grupo de manifestantes no persiguen el cumplimiento de una demanda laboral, sino entrar en CHOQUE contra el gobierno federal en turno, alargar un conflicto y generarle un desgaste por el malestar social que producen sus movilizaciones.

Es muy evidente que actualmente ningún gobierno optará por el uso de la fuerza pública ni para evitar más bloqueos, ni para liberar las vialidades que puedan ser obstruidas en el futuro, pues desde hace más de dos décadas el Estado ha ido cediendo espacio gradualmente a las expresiones de descontento de cualquier tipo, lo que ha traído como consecuencia que conductas que no se sancionan no solo se replican, sino también se multiplican.

Pero si bien es cierto, el consentimiento de la protesta se ha venido institucionalizando, de manera particular los gobiernos emanados de la izquierda menos que algún otro harán uso de la fuerza pública pues bajo ninguna circunstancia podrían darse el lujo o correr el riesgo de que la población los pueda calificar de REPRESORES, pues ellos llegaron al poder precisamente a través de plantones, marchas y bloqueos, es decir, ganaron el poder en las calles y sería contra su naturaleza actuar para someter a este tipo de grupos por más radicales que pudieran parecer, de manera tal que todo indica que estamos condenados durante un buen tiempo a padecer como sociedad este tipo de prácticas.

No obstante, no podemos dejar de insistir en la necesidad de reflexionar y contrastar entre la libertad de expresión y asociación, derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, con otros derechos ciudadanos como es el derecho a la locomoción y al trabajo que también suelen verse vulnerados cuando se interrumpe el flujo en una vialidad. Debemos seguir insistiendo en la necesidad de que el Estado asuma los mecanismos idóneos para encontrar la coexistencia segura y pacífica entre el derecho legítimo de reclamar por mejores condiciones de vida y el desbordamiento a la violencia enmascarado mediante las “protestas pacíficas”.

No se trata de reprimir, ni tampoco de criminalizar la protesta, SOLO DE PONERLE LIMITES, no hacerlo solo proyecta falta de control, debilidad del Estado y avanzar en el retroceso a los derechos y libertades de un amplio sector de la población , que ven mermado su posibilidades de ejercicio en sus actividades propias de la vida diaria, como sus tareas escolares, atención de su salud, trabajo etc. para lo cual se requiere trasladarse y por lo tanto vías de comunicación, que si no están en buenas condiciones, al menos requieren estar libres.

Si no quieren actuar en función de la enorme afectación a la sociedad y en el desdibujamiento del orden institucional, quienes gobiernan debieran considerar que los ciudadanos perjudicados por los cada vez más frecuentes cierres indiscriminados de vialidades también votan y seguramente pasarán la factura política tarde o temprano.

* El autor es abogado, escritor y analista político.